Ejerzo como docente en un instituto público de Enseñanza Secundaria de la Comunidad de Madrid. Soy funcionaria de carrera. Tengo una plaza fija, un sueldo que no suele variar y con el que puedo contar cada mes.
La realidad, sin embargo, me dice que mi sueldo sí varía (de hecho, merma), que mi plaza puede resultar desplazada uno de estos cursos, que mi horario aumenta y que el tiempo que puedo dedicarles a mis alumnos es cada vez más escaso. Todo esto, además, por ley.
El próximo martes 22 de mayo de 2012, los sindicatos nos convocan a una huelga general en educación… Y yo me debato entre secundarla o no…
Mis motivos para no ir serían los de hacer ver con mi trabajo que no me gustan unos sindicatos que luchan por igual por los derechos de la enseñanza pública, privada y concertada. No imagino de qué manera se pueden defender las tres cosas a la vez. No me gustan quienes entran en un sindicato para liberarse de unas clases que les agobian, para tomar cafés y ponerse pegatinas de colores en la solapa (aunque sé que no son todo, menos mal). No me gustan quienes hablan de educación y de docencia cuando a veces hace años que no pisan un centro educativo…
Mis motivos para ir a la huelga son más: tres mil millones de recortes en Educación merman –diga el ministro lo que diga– la calidad de la enseñanza. En Madrid, donde trabajo, las horas lectivas del profesorado ya fueron aumentadas el curso anterior. Ahora estamos a la espera de la subida de la ratio, esto es, el incremento del número de alumnos por aula, y yo me pregunto (y temo conocer la respuesta) dónde estudian los hijos de todos estos politicuchos que legislan…
Cualquiera puede imaginar que un docente no puede atender igual a veinte alumnos que a cuarenta; que no puede explicarles igual, ni corregir con la misma exhaustividad todos sus deberes, trabajos y exámenes. Si a esto se le añade que cada curso ese docente tiene más grupos de alumnos a los que impartir clase, no será difícil comprender que, por h o por b, la calidad de la enseñanza sí se verá mermada.
Después, siempre en campaña electoral, oiremos consignas a favor del valor fundamental que supone ofrecerle al ciudadano una enseñanza de calidad, una formación que permita el desarrollo de las nuevas generaciones. Palabras vacías. Frases que se esfuman con los actos que perpetran nuestros políticos, aquellos a quienes la sociedad ha votado masivamente para que solucionen las cosas.
Ellos dicen que recortan donde lo hacen porque no hay otras vías posibles. Pobrecitos: no tenían otro remedio. Y yo, como ciudadana de a pie, me pregunto cuántos ayuntamientos, diputaciones, delegaciones del gobierno, autonomías y demás familia sobran en este país. Cuánto secretario, subsecretario, delegado, concejal, asesor, etc. Sobra, si me apuran, el Senado y otras cuantas cosas que suponen un gasto anual ingente de dinero. Pero ellos, los que nos legislan el futuro, se blindan. Hay dinero para Bankia, pero no para que sus hijos estudien en las mejores condiciones.
No se dejen engañar. Soy profesora de instituto. No quiero trabajar menos. Quiero trabajar bien, en condiciones aceptables. Quiero atender a sus hijos como me gustaría que atendieran a los míos. Muchos de los docentes que imparten clase en los centros públicos a los que van sus hijos son también padres. Ese es mi caso. Quiero lo mejor para mis alumnos, para mis hijos, que son alumnos de otros… Y, faltaría más, estoy en mi derecho de exigirlo.
